Uno de los compromisos más importantes a la hora de cuidar del medio ambiente pasa por la transición energética. Puede que a nivel personal todos pongamos de nuestra parte con el reciclaje en casa, o compremos pellets de calidad al mejor precio en sustitución a otros combustibles, pero las entidades públicas también deben sumarse a esta causa.
Es aquí donde entra en escena la transición energética, que implica abandonar la forma actual de producir energía para optar por otro modelo en el que la energía generada provenga de fuentes renovables.
¿Qué es la transición energética y por qué es tan importante?
La transición energética nace con un objetivo claro: cuidar el medio ambiente y, por ende, salvar el planeta. La producción de energía en la actualidad causa estragos en la Tierra, limitando la capacidad de la misma para generar recursos, además de los catastróficos daños que causa el proceso tanto a la fauna como a la flora y seres humanos que habitamos en el planeta.
Tal y como reza el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, ‘el sistema energético ha iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos’.
Por lo tanto, aunque las acciones individuales son muy importantes, el papel de los entes públicos es decisivo a la hora de hacer efectiva la transición energética. Todos estos cambios implicarán decir adiós, o depender en un menor grado, de las fuentes de energía más contaminantes que causan un impacto negativo en nuestro entorno.
Un ejemplo claro son las centrales térmicas de carbón o el uso de bombonas de butano a nivel particular. El uso continuado e ininterrumpido de este tipo de combustibles emiten miles de toneladas de gases de efecto invernadero cada año, deteriorando aún más nuestra atmósfera.